El proceso para reconocer el derecho de asilo es complejo ––porque complejos son sus motivos y su casuística–– pero también garantista. Quienes formulan su solicitud en un puesto fronterizo, en una oficina administrativa o en un CIE tienen derecho a que la Administración promueva un expediente, analice los motivos que pudieran conducir a la inadmisión y dicte una resolución rechazando la petición o prosiguiendo con los trámites que dispone la ley. En el primero de los casos, el solicitante tendrá derecho a recurrir la decisión del órgano administrativo, primero ante una instancia superior y luego en sede judicial. En el segundo de los casos, este podrá exponer su situación ante un funcionario habilitado, siempre asistido de un intérprete y en un entorno que facilite la escucha. Mientras se tramita el expediente, el solicitante tendrá derecho a no ser expulsado del país y a recibir todas prestaciones básicas, incluida la sanitaria. La resolución final que reconozca su estatus de asilado será irreversible.
Nos encontramos, pues, ante un proceso cuya finalidad última es garantizar que el relato de quien es perseguido en su país de procedencia por razones políticas, raciales, religiosas o de identidad sexual es analizado con detenimiento, y que dicho análisis se lleva a cabo en un entorno que facilita la confesión, el desglose de los hechos y el análisis objetivo de las pruebas que tenga en su poder el solicitante. La conducta del funcionario ––y de la Administración que vertebra el proceso–– deberá ser afable, cercana y estar exenta de una formalidad excesiva que impida la confesión de la víctima. La ley ––que es comunitaria y no solo nacional–– prohíbe cualquier comportamiento que impida la correcta exposición de lo que, sin duda, es un drama extraordinario.
Las autoridades italianas han decidido purgar a los ocupantes del barco Humanity I aplicando criterios de extrema necesidad. Al resto, que serán muchos, se les enviará de nuevo a aguas internacionales. La purga no se hará en tierra, sino en el barco, con los ocupantes recostados en los tablones de proa, algunos hambrientos, otros adormecidos por el cansancio. La purga, repito, se hará sin intérprete, sin asistencia jurídica, sin tiempo ni paciencia para escuchar ––y anotar convenientemente–– el relato de quienes han dejado atrás el infierno. El resultado, que no será humanitario sino cuantitativo, permitirá que unos pocos pisen tierra firme con la amenaza de una deportación; los otros, que serán muchos, regresarán dócilmente a la peor de las noches y al más violento de los mares. Y todo, bajo el desamparo de la ley.
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